Con el fin de asegurar la calidad del tratamiento ofrecido a personas que padecen de adicción al alcohol y otras drogas, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), acompaña a 248 establecimientos de rehabilitación y desintoxicación, tanto públicos como privados, para que completen su proceso de regularización.

La regulación y control de los establecimientos de salud comienza por la emisión del permiso de funcionamiento, sin el cual no se puede ofrecer ningún tipo de servicio. Durante el año 2018, la ACESS emitió 22.681 permisos de funcionamiento para establecimientos de salud de todo tipo.

La ACESS también acompaña y asesora a los establecimientos en su proceso de regularización; actualmente existen 5.246 establecimientos de salud de todo tipo que están regularizando su situación. De ese total, 248 establecimientos prestan servicios de rehabilitación y desintoxicación. Por otro lado, existen 39 centros de este tipo que ya cumplieron los requisitos y cuentan con su permiso de funcionamiento al día.

Las cifras mencionadas se refieren a establecimientos que han buscado regularizarse y cumplir con la ley. Existe un número indeterminado de lugares clandestinos, que ofrecen desintoxicaciones sin tener las condiciones adecuadas, y que encierran a los consumidores y les aplican tratamientos que en muchos casos, incluyen tratos degradantes y la violación de sus derechos humanos. Estos establecimientos deben ser detectados y controlados no solo por la ACESS, sino por otras instancias judiciales, tributarias, cuerpos de bomberos, etc. Siempre que se clausura un centro clandestino, personal especializado del MSP evalúa las condiciones de salud de las personas internadas y se asegura de que reciban el tratamiento adecuado, sea en sus domicilios, con seguimiento de profesionales, o en establecimientos legales y bien equipados.

Durante el año 2018 y el mes de enero de 2019, la ACESS efectuó 75 operativos de control de los establecimientos de rehabilitación y desintoxicación, habiendo clausurado 67 de ellos. “En la zona 8 (correspondiente a Guayaquil) se realizaron 31 operativos y 29 clausuras de centros de rehabilitación”, detalló la Ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, quien se presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el pasado jueves 24 de enero, para presentar la situación actual del consumo de drogas lícitas e ilícitas en el Ecuador, así como las acciones que ejecuta el Gobierno Nacional para solventar esta problemática.

Durante su intervención, Espinosa señaló que, según el Informe Mundial sobre las Drogas – 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), el 5,6% de la población mundial entre 15 y 64 años (es decir, alrededor de 275 millones de personas) declara haber consumido algún tipo de droga ilícita; de estas, el 11% (alrededor de 31 millones de personas) requiere de algún tipo de tratamiento.

También indicó que el alcohol y el tabaco, drogas lícitas, son las que más se consumen, ocasionando graves impactos sociales y de salud en la población.

La Ministra hizo un llamado a fortalecer las medidas de prevención integral, indicando que los principales factores de riesgo están en gran parte vinculados con el entorno familiar, educativo y social; por lo que se requiere que todos los organismos del Estado, la sociedad civil y las comunidades y familias trabajen en la prevención, centrándose en fortalecer los factores que protegen a la ciudadanía, sobre todo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de caer en el consumo de drogas. 

Asimismo, resaltó que el Gobierno Nacional lleva adelante el Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio Económico de las Drogas, que se encuentra en vigencia desde el 2017 y tiene dos ejes: reducir la demanda de drogas, mediante la prevención y atención, y reducir su oferta, atacando la producción y evitando que las personas accedan al consumo. Se proponen medidas para individuos, familias, comunidades y la sociedad, que son ejecutadas por todas las instancias firmantes del Plan.

Explicó además que las personas que tienen problemas debido a su consumo de drogas pueden ser atendidas en tres modalidades, según su tipo de riesgo: en consulta externa (modalidad ambulatoria), en consulta externa pero con visitas más frecuentes y varios tipos de terapias (modalidad ambulatoria intensiva), y con hospitalización en centros especializados, donde pueden permanecer entre 4 y 6 meses según su necesidad. La Ministra resaltó que, de acuerdo con evidencia científica y aplicando tratamientos apropiados, “el 80% de los casos” deben ser tratados mediante la modalidad ambulatoria. La hospitalización únicamente es necesaria para alrededor del 5% de casos.

Actualmente, el Ministerio de Salud Pública cuenta con 12 Centros Especializados de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático del Alcohol y otras Drogas (CETAD) y alrededor de 743 centros de tratamiento ambulatorio y ambulatorio intensivo. Durante el año 2018, el MSP brindó 33.694 atenciones en consulta externa y 5.742 atenciones en la modalidad ambulatoria intensiva. Además, 1.111 personas que requirieron de tratamiento residencial ingresaron a los CETAD.

La Ministra detalló la ejecución de un plan operativo para facilitar los servicios de atención a las personas con problemas de adicciones, y anunció la próxima construcción de un Complejo de Atención Integral a personas con Uso y Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas, que se ubicará en Guayaquil.

El nuevo complejo contará con un Centro de Salud Tipo A, 3 CETAD, 2 Unidades de Acogida Transitoria, un centro comunitario de salud mental y un centro de desarrollo infantil comunitario. Se estima que todas estas instalaciones permitirán brindar alrededor de 7.000 atenciones anuales. Uno de los CETAD prestará atención a mujeres, que podrán atenderse con tranquilidad mientras sus hijos serán cuidados en el centro de desarrollo infantil.

La asambleísta nacional, María Mercedes Cuesta, reconoció las acciones de prevención ejecutadas por esta cartera de Estado y destacó la importancia de un trabajo multisectorial articulado como eje principal para fomentar políticas de prevención entre todos los organismos del Estado y la sociedad civil.

A esto, la ministra respondió que solo en el 2018 el Ministerio de Salud ha capacitado a 8.800 docentes y 128.886 estudiantes. Se entrenó a 3.450 profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) para facilitar la identificación de posibles consumidores. También se capacitó a 7.625 profesionales de talento humano de empresas públicas y privadas.

Finalmente, la ministra se comprometió a “fortalecer los esfuerzos para informar a la ciudadanía sobre cómo acceder a los servicios de salud mental, que actualmente existen”, al tiempo que exhortó a los asambleístas, a que como líderes locales, promuevan el uso de estos servicios, que son gratuitos y están para servir a la ciudadanía.

Quito, 24 de enero de 2018.