La ministra de Salud, Carina Vance, y el defensor público general de Ecuador, Ernesto Pazmiño, anunciaron este 16 de septiembre, en rueda de prensa,en Quito, los avances en la aplicación del convenio de cooperación interinstitucional entre las instituciones que representan,para garantizar el derecho a la defensa de los médicos de establecimientos públicos en caso de eventuales acciones legales en su contra.

Gracias al convenio, hasta el momento se ha capacitado a 20 defensores públicos en medicina legal, con el aporte del Ministerio de Salud, en nueve provincias en las que históricamente se han presentado casos de denuncias por mala práctica profesional: Pichincha, Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua, Imbabura, Azuay, Cañar y El Oro.

Adicionalmente, en el marco del convenio se ha establecido un protocolo que señala los pasos que un médico debe seguir en caso de que se presente una denuncia en su contra, para obtener los servicios de la Defensoría Pública, y las condiciones en que debe prestarse ese patrocinio: 1) acudir a la Defensoría más cercana y solicitar la designación de un defensor público; 2) se le designará inmediatamente un abogado capacitado; 3) el defensor le pedirá autorización al profesional de la salud y señalará casillero judicial; 4) el defensor tendrá informado del trámite de la investigación a su superior; 5) el defensor tendrá la obligación de acompañar al profesional de la salud en todas las diligencias judiciales; 6) en caso que el profesional de la salud tenga su abogado particular de confianza, eldefensor público deberá continuar velando que se cumpla con el debido proceso; 7) el defensor público autorizado podrá pedir al MSP que le proporcione la asistencia de médicos especialistas en la rama en que se trate la denuncia para asesorarse.

En la rueda de prensa además se anunció que a partir de la próxima semana, del 22 de septiembre al 17 de octubre, se realizará una capacitación a médicos de los hospitales del país sobre el Código Orgánico Integral Penal, con la participación de la Defensoría Pública, en el marco del mismo convenio.

La ministra Carina Vance explicó que en el Código Penal anterior una mala práctica profesional con muerte se juzgaba bajo el artículo de homicidio inintencional, que tenía una descripción muy general, mientras que el nuevo Código Orgánico Integral Penal se explica de forma más detallada, lo que representa mayor seguridad para los médicos.

Por su parte, Pazmiño explicó que en el nuevo Código Penal se incorporó como delito a las denuncias maliciosas. Así, el art 271 del COIP establece que la persona que proponga una denuncia o acusación cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea declarada judicialmente como maliciosa, será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 meses a un año.

La Ministra además explicó que hoy el médicotiene mejores condiciones de trabajo, lo que repercute en la seguridad de los pacientes,como consecuencia de que el Gobierno Nacional ha invertido más de $1.000millones en infraestructura, ha incorporado a alrededor de 20 mil profesionales,avanza con la acreditación internacional de 44 hospitales públicos,y en año y medio ha preparado 20 guías de práctica clínica, que sirven como apoyo a los profesionales en el ejercicio de la profesión.

Sin embargo, de acuerdo con lo explicado por la ministra Vance,al entrar en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal también salieron a flote los intereses económicos de ciertos abogados y aseguradoras.La mala experiencia al respecto vista en países comoEstados Unidos lleva a tomar medidas preventivas como las señaladas.