Quito, 01 de febrero de 2025

El Ministerio de Salud Pública (MSP) como autoridad sanitaria nacional, motivado por la necesidad de abordar de manera integral la problemática de salud mental y, amparada en el marco legal vigente, presentó la propuesta de Política Nacional de Salud Mental y su Plan de implementación este 31 de enero de 2025.

El insumo se construyó con una metodología específica para políticas de salud, en la que participaron actores tanto del Sistema Nacional de Salud como de otros sectores relacionados a la salud mental, expertos provenientes de la Academia, de gremios de profesionales en el Ecuador y de Ministerios de Salud de otros países de la región, así como de la sociedad civil: agrupaciones de usuarios de servicios y de familiares y personas con problemas de salud mental.

Teresa Aumala, Subsecretaria de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, explicó que esta cartera de Estado trabaja en la cuarta fase para el lanzamiento de la Política Nacional de Salud Mental lo que va permitir generar acciones en territorio de prevención, promoción, vigilancia, rehabilitación y sobre todo de reinserción de las personas con problemas de salud mental a la sociedad.

“Para el Gobierno Nacional la salud mental es una prioridad. En enero de 2024 fue aprobada la Ley Orgánica de Salud Mental y el reglamento que la rige en noviembre de ese mismo año. Esta tiene un enfoque integral articulando el trabajo con todas las instituciones que conformamos el Sistema Sanitario”, añadió la representante del MSP.

Esta política tiene como líneas clave fortalecer la gobernanza de la salud mental en el sistema nacional de salud fomentando el respeto de los derechos humanos y la equidad y, de los factores protectores en la población; así como reducir los factores de riesgo a la misma. Además, se busca incorporar a la salud mental como parte de la salud integral en el primer nivel de atención.

La autoridad ministerial agregó que se busca avanzar progresivamente en la sensibilización de la población y en la lucha contra el estigma hacia la salud mental, incrementar el acceso a servicios públicos, la capacidad resolutiva del personal sanitario en general y, los de salud mental en particular.

“Queremos fortalecer el componente de inclusión educativa, laboral, social de las personas con problema de salud mental e incentivar la investigación en salud mental ajustadas a principios bioéticos”, finalizó Teresa Aumala.