Quito, 20 de agosto de 2020

¿Por qué favorecer a la industria tabacalera en tiempos de COVID-19? si su única contribución es agravar el problema del comercio ilícito de cigarrillos en Ecuador’.

Este tema se planteó durante una rueda de prensa organizada por el Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA), entre varios expertos nacionales y extranjeros, autoridades de salud, miembros de este organismo, y académicos.

El presidente del CILA, José Ruales, reiteró que el Comité trabaja con las instituciones que son parte de este órgano en el tema del tabaco y de la política nacional contra el consumo, así como los mecanismos establecidos para evitar conflicto de intereses con una declaración que sea obligatoria y aplicable a otras instituciones.

Además, se refirió a las implicaciones que tiene el proyecto de Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, ya que no considera la participación del Ministerio de Salud (MSP), ni del Comité, sin embargo da espacio a la industria tabacalera, desconociendo los compromisos internacionales derivados del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT), el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco y la regulación interna en materia de control. Propuesta que actualmente está en discusión en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.

Por su parte, el Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad, Eduardo Zea, alertó que durante la emergencia sanitaria, se recomienda no consumir tabaco frente a la posibilidad de infección de la COVID-19. Según la autoridad, se ha evidenciado que tener antecedentes de tabaquismo puede aumentar sustancialmente la posibilidad de resultados adversos para la salud de los pacientes contagiados, incluido el ingreso a cuidados intensivos, que requieren ventilación mecánica y sufren graves consecuencias para la salud.

También resaltó los avances en Ecuador para reducir el uso y proteger a la población del consumo y humo de tabaco, al recordar que 2087 unidades operativas del MSP han sido declaradas libres de tabaco, al igual que 2.121 instituciones públicas.

Adicionalmente, se refirió a otras medidas adoptadas por parte del Gobierno Nacional contra el comercio ilícito del tabaco. En este aspecto,” dijo que se debe avanzar considerando que a escala mundial se ha evidenciado una “estrategia” de la industria tabacalera para relacionar el incremento de impuestos con el comercio ilícito de productos de tabaco”.

Ratificó el compromiso del MSP frente a la lucha antitabáquica y a la agenda de control de tabaco, además planteó la necesidad de fortalecer las políticas públicas para combatir este problema de salud pública de manera transparente, protegiéndola de los intereses comerciales y otros intereses creados por la industria tabacalera.

El subsecretario Zea subrayó que estudios confiables demuestran que el incremento en los impuestos a los productos de tabaco constituye una de las medidas más costo-efectivas para reducir su consumo (tal y como lo ha reconocido la OMS, OPS, el Banco Mundial, entre otros), principalmente en poblaciones vulnerables, como jóvenes y adolescentes, y que la recaudación que se podría conseguir, contribuiría a solventar los gastos derivados no solo de la pandemia del tabaquismo, sino de la pandemia de la COVID-19.

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