Para contribuir a la prevención y reducción del embarazo en niñas y adolescentes, respetando el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia, reconociendo la obligación del Estado de proteger a este grupo contra toda forma de violencia basada en género, incluida la violencia sexual, este viernes 20 de julio se presentó la “Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018 – 2025”, que es producto del trabajo interinstitucional de los ministerios de Salud Pública, Educación, Inclusión Económica y Social; Justicia, Derechos Humanos y Cultos; con el apoyo técnico de los organismos de cooperación internacional, la sociedad civil y la academia.

Esta política promueve que los adolescentes desarrollaren su pleno potencial, accedan de manera universal a servicios integrales y amigables de salud que incluyan salud sexual y salud reproductiva, asesoría e información basada en evidencia científica, así como a educación integral para la sexualidad y protección especial.

El evento de presentación se realizó en la escuela Dolores Sucre, en Daule, con la presencia de Augusto Barrera, consejo presidencial del Sector Social, las Ministras de Salud Pública, Verónica Espinosa, de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero; de Justicia, Rosana Alvarado, María Fernanda Porras, delegada del Ministro de Educación; José Francisco Cevallos, gobernador de la provincia del Guayas, autoridades de los ministerios que participaron en su definición, representantes de los organismos de cooperación internacional y otros invitados especiales.

Considerando que el embarazo en niñas y adolescentes es un grave problema de desigualdad social, salud pública y de vulneración de derechos humanos; especialmente el embarazo en niñas menores de 14 años está directamente vinculado con violencia sexual; el gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2021, considera al embarazo en adolescentes como una línea estratégica y de ahí nace esta Política que fortalecerá la coordinación intersectorial, la participación social y la gestión del conocimiento para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes, así como la asignación de recursos económicos para salud, educación y protección en la niñez y adolescencia.

Al presentar la política, la Ministra de Salud, destacó que sus objetivos son contribuir a que los adolescentes accedan a información sobre todo en relación a sus derechos sexuales y reproductivos para que puedan tomar decisiones libres. “Es obligación de un gobierno responsable eliminar las barreras en el acceso a servicios de salud integrales y amigables que incluyan salud sexual y reproductiva. Es obligación del estado brindar las oportunidades para cumplir los sueños y darles herramientas para que los alcancen”, destacó la Ministra.

El Gobernador del Guayas felicitó la iniciativa de las entidades involucradas en la creación de esta política e hizo un llamado a los adolescentes a trazarse metas, soñar en grande y a trabajar duro por alcanzar sus sueños.

Augusto Barrera, destacó que el gobierno nacional, a través de sus médicos, profesores y promotores se compromete a proteger las decisiones (de los adolescentes) para que logren su proyecto de vida, sin violencia y con libertad.

De su lado, Berenice Cordero indicó que el Ministerio de Inclusión trabajará con las familias más pobres del país para dialogar permanentemente sobre el cambio de patrones socioculturales negativos, asociados a la sexualidad. «Tenemos que distinguir entre lo que es una práctica de relación afectiva y una violenta. Fomentemos una cultura de diálogo en la familia”.

“Esta estrategia pensada desde y para los jóvenes reconoce que los adolescentes tienen el derecho a conocer su cuerpo, su sexualidad y acceso a métodos anticonceptivos. La información es un derecho. La sexualidad también tiene que ser conocida y discutida sin mitos, tabúes, sin mentiras para lograr una infancia y adolescencia plena y libre de las responsabilidades que no son propias de la edad”, señaló la Ministra de Justicia.

María Fernanda Porras, delegada del Ministro de Educación, se refirió a la responsabilidad del sistema educativo para garantizar educación integral para la sexualidad basada en evidencia, que es un derecho de las y los adolescentes y una herramienta de protección. “La información sobre en sexualidad integral los protege y les permite tomar decisiones adecuadas y responsables”.

Previo al evento de lanzamiento las autoridades de los ministerios que son parte de esta iniciativa recorrieron la feria de servicios que se instaló en la unidad educativa, luego se realizó un diálogo interministerial con los adolescentes para profundizar las estrategias de la política. Para finalizar el acto, se firmó el Acuerdo Interministerial así como la carta de intención para el fortalecimiento de la cooperación internacional con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en implementación de esta política.