La ministra de Salud, Carina Vance, y representantes de la Fiscalía, manifestaron que combatirán a quienes permitan la violación de derechos humanos en clínicas de rehabilitación que en muchas ocasiones suelen ser clandestinas.

En rueda de prensa la Ministra Vance junto a la fiscal subrogante, Cecilia Armas, y el fiscal Fabián Salazar ratificó el compromiso del Ministerio de Salud Pública (MSP) por velar y garantizar los derechos constitucionales de las y los ecuatorianos en el tema de derechos humanos y salud pública. Puso énfasis en el proceso que lleva adelante la Fiscalía por el caso de Z. Constante, una ciudadana guayaquileña de 22 años, a quien la internaron contra su voluntad en el Centro Comunidad Terapéutica Femenina Esperanza de la provincia de Napo.

La ministra Vance indicó que esta Cartera de Estado otorga permisos “para el tratamiento adecuado y bajo estándares internacionales del uso problemático de drogas y alcohol”, mas no para que se brinde curaciones a temas generados por prejuicios a grupos sociales, como fue el caso de Constante.

El 15 de julio, en un operativo realizado entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior se detuvo a 8 personas implicadas en el caso; sin embargo, el juez encargado del proceso les brindó medidas cautelares a pesar de contar con contundente evidencia de la violación de derechos humanos por un delito de odio. Entre ellos estaría involucrada la comisaria de salud provincial, Janina Maldonado.

“No vamos a permitir que en Ecuador la violación de derechos humanos sea tomada de forma tan ligera. Es un caso que resuena a nivel internacional no solo en el país”, manifestó Vance. Por esta razón se interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura por la actuación del juez.

Recordó que para combatir estos delitos se conformó un comité interinstitucional integrado por la Fiscalía, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Inclusión Económica y Social y otros organismos relacionaos a este tipo de casos. Asimismo, para sensisbilizar a la ciudadanía se ha iniciado una campaña que incluye la producción de videos relacionados al tema.

Indicó que en 2012 se otorgaron 123 permisos de funcionamiento a centros de rehabilitación para uso de drogas y alcohol; sin embargo se ha detectado la existencia de centros clandestinos que funcionan en garajes de viviendas. En este contexto instó a la ciudadanía a denunciar casos similares y de requerir este servicio consultar al Ministerio de Salud Pública, si el centro de recuperación está debidamente calificad, es decir, que cuente con la infraestructura adecuada, equipamiento, talento humano con el perfil exigido y terapias aprobadas.